En la conferencia mañanera del pasado lunes 9 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que no fue aprobada su propuesta de Reforma Electoral, porque los diputados aliados de Morena, el PT, el Partido Verde y hasta algunas diputadas de su propio partido votaron en contra, señaló —aunque sabemos que no es exacto— “que su objetivo era disminuir los privilegios en los partidos políticos y en el INE, así como fortalecer la participación de la gente”.

A continuación señaló que su Plan “B” será presentado nuevamente con esos mismos objetivos, pues no le parece correcto que haya discrecionalidad en el uso de los recursos en los congresos locales del país, destacando como ejemplo el hecho de que en Baja California 25 diputados utilicen 34.8 millones de pesos al año por diputado, mientras los 25 diputados de Colima gastan al año 5.1 millones por cada diputado.

Fue así como se dio a conocer el gasto de los 10 congresos locales más caros del país; por cierto, siete de ellos gobernados por Morena. Después de Baja California, en segundo lugar se ubican los diputados de Morelos, con un gasto de 31.8 millones de pesos por cada diputado al año; Michoacán, con 30.2 millones por diputado; Ciudad de México, con 28.5; Jalisco, con 26.7; Estado de México, con 26.4; Chihuahua, con 24.3; Quintana Roo, con 21.4; Guerrero, con 17.9; y mencionó que en décimo lugar se ubica el Congreso del Estado de Querétaro, con un gasto promedio por diputado de 17.3 millones de pesos.

En sentido opuesto, los congresos de las entidades con menor gasto programado son Colima, con 5.1 millones por cada diputado al año; Campeche, con 6.1; Yucatán, con 6.2; Puebla, con 7.6; y Chiapas, con un gasto promedio de 8.5 millones por cada diputado al año.

Obviamente, no todo el presupuesto lo manejan directamente los diputados. Para el caso de Querétaro, el presupuesto —que en 2026 asciende a 433.6 millones de pesos, y que sale de los impuestos que pagamos los queretanos— será para su “dieta”, para el pago de servicios, para pagar la plantilla laboral de más de 200 trabajadores a su servicio y un promedio de cinco asesores para cada diputado, etcétera.
Como era de esperarse, al calor del revuelo nacional causado por la declaración de la presidenta Sheinbaum, inconforme por el rechazo a su propuesta de reforma, vinieron los intentos de aclaración de los diputados de las entidades señaladas. Por la razón que haya sido, mi opinión es que en este caso la presidenta tiene razón.

El diputado Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, a la pregunta hecha por algunos medios de comunicación señaló que la dieta de un diputado local en la entidad asciende a 57 mil pesos netos y que los demás gastos —200 mil pesos mensuales para cada diputado— son prerrogativas, entre otras cosas, para el pago de casas de enlace, el desarrollo de programas y, supuestamente, para apoyos sociales para personas necesitadas.

Desde luego que la regulación de los congresos locales, desde la Constitución Política de nuestro país, las constituciones estatales y sus propias leyes orgánicas, tiene un importante costo; pero para garantizar la transparencia y el buen ejercicio del poder que les conceden los ciudadanos implica limpieza, honestidad y transparencia de los diputados, y es aquí donde se complica todo o, como dice el refrán popular, “donde tuerce la puerca el rabo”, pues ¿cómo estar seguros de la verdadera comprobación del gasto de 257 mil pesos mensuales de los 25 diputados de la LXI Legislatura?

La pregunta no es ociosa ni de mala intención, porque para no ir muy lejos, varios de ellos, al mismo tiempo que son servidores públicos, también son empresarios y, gracias a sus influencias, son proveedores de los municipios, violando con ello la Ley de Responsabilidades Administrativas, como se dejó ver con la diputada petista Claudia Díaz Gayou, al desistirse de conocer la cuenta pública del municipio de Tequisquiapan por manifestar conflicto de interés, aunque se sabe que hay doce diputados más que están en esa situación.

Nuestros diputados, como muchos otros servidores públicos, no pierden el tiempo: hacen negocio redondo con el voto y el dinero de los ciudadanos. Y mientras tanto, los queretanos, ¿qué ganan? ¿En qué mejoran sus condiciones?

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Por Jerónimo Gurrola Grave

Dirigente del Movimiento Antorchista en Querétaro

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